Se cumplen 20 años de aquél dramático diciembre de 2001. En Argentina colapsaba el sistema político en el medio de una pueblada que fue brutalmente reprimida.
Todo lo opuesto al silencio y a la quietud se vivía y se escuchaba cuando el 19 de diciembre de 2001 el Presidente de la Nación Fernando De la Rúa anunció por cadena nacional, pasadas las 22:40 horas, que implantaba el estado de sitio suspendiendo las garantías constitucionales, sin emitir ninguna señal política concreta que contuviera el malestar popular frente al hambre, la inseguridad y el vacío de poder.
La clase media porteña, luego de ingresar en la desobediencia civil, comenzó a movilizarse pacífica y espontáneamente y, cacerolas en mano y al grito de “que se vayan todos”, copó la Plaza de Mayo. Luego vino la represión policial, el caos institucional y la entrega de la renuncia de De la Rúa (de tres párrafos escrita de puño y letra) que abandonó la Casa Rosada en helicóptero y por la terraza de la misma forma que durante el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 lo hizo la entonces presidenta Isabel Perón.
El 10 de diciembre de 1999 De la Rúa tomó posesión del cargo político máximo y designó a José Luis Machinea Ministro de Economía. Llegó con el 48,5 % de los votos y un 70 % de imagen positiva. Había establecido un Gobierno de coalición gracias a la Alianza (una sociedad entre la centenaria Unión Cívica Radical y el partido centroizquierdista Frepaso), que había llamado a reconstruir la credibilidad en los dirigentes luego de que la década del noventa subsumiera a gran parte del electorado en un profundo nihilismo político.
Diecinueve días después de asumir, De la Rúa, aplicó el primer “impuestazo” y se alejó de buena parte de sus votantes. En Mayo de 2000, el desempleo había llegado a su máximo nivel en tres años: 15,4 por ciento. La protesta social iba incrementándose en ese contexto. Los cortes de rutas como expresión de disconformidad que en 1997 fueron 140, en 1998 171, en 2000 se acrecentaron alcanzando los 514 hasta llegar en 2001 a 1.383.
La violencia social también iba subiendo en forma paralela junto con la delincuencia. En 2000, murió un policía cada 6,7 días, en 2001, uno cada 4,2 días. Esta estadística evidenciaba como se deterioraba la seguridad pública. El 54% de la población estaba por debajo del nivel de pobreza según el Indec- menos de 624 pesos por mes para una familia de cuatro personas-, y el 16% se encontraba en pobreza extrema o indigencia, que era menos de 233 pesos por mes para una familia tipo. En agosto de 2000 la crisis estalló en el Gobierno por las graves acusaciones al ejecutivo sobre sobornos millonarios a senadores peronistas, e incluso aliancistas, al objeto de sacar adelante, cuatro meses atrás, la polémica reforma del mercado de trabajo, que entre otras novedades suprimía el control sindical sobre los regímenes de la Seguridad Social. En las denuncias interpuestas en los tribunales federales se acusó sobre todo al Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de los servicios de inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCR y amigo personal del presidente.
Ante la ausencia de respuesta, el 6 de octubre del 2000, apenas diez meses después de haber asumido, renunció el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, y se separó de sus socios de la Alianza. Álvarez explicó: “Hubo un desajuste con la imagen de De la Rúa, un hombre que parecía republicano, austero. Pero si se miraban sus equipos, los hombres que lo rodearon en la Capital, si uno veía su comportamiento en el Senado, si uno se tomaba el trabajo y el tiempo para ver a fondo, había que evitar que sea el candidato de la Alianza. Pero él ganó una interna y uno tiene que asumir que votó a esa personalidad. La gente acepta un candidato en términos de imagen. El punto de mi gran decepción fue cuando salió a asociarse con el Senado en vez de enfrentarlo. En ese momento sentí desprecio por el gobierno y entendí que la mejor decisión era dar un paso a un costado”.
Un grupo de organismos financieros multilaterales, concertados por el Fondo Monetario Internacional, le concedió a la Argentina el 18 de Diciembre de 2000 un paquete de rescate financiero de US$ 40.000 millones, denominado y publicitado como el “Blindaje Financiero” para garantizar el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa. Dos meses después, el 19 de febrero de 2001, reventó una crisis financiera en Turquía que desató el contagio de los mercados emergentes, entre ellos Argentina. La economía y la Alianza se encontraban tambaleantes, a raíz de estos hechos el 2 de Marzo, Machinea, renunció. Al día siguiente, De la Rúa, les pidió la dimisión a todos sus ministros para reorganizar el gabinete de gobierno.
El 4 del mismo mes, el liberal Ricardo López Murphy, recibió la cartera de Economía y dio su respaldo al sistema de cambio fijo de un peso por dólar adoptado por Domingo Cavallo en 1991 luego de que se aprobara la ley de Convertibilidad. López Murphy se comprometió a cumplir con todas las metas acordadas con el FMI. El 16 de Marzo el gobierno de De la Rúa dio a conocer su nuevo plan económico para eliminar el déficit fiscal que establecía una drástica disminución del gasto público por US$ 1.962 millones en 2001 y por US$ 2.485 millones en 2002. En signo de disconformidad tres ministros abandonaron sus cargos. Dos días después, el primer mandatario argentino llamó a un “acuerdo político nacional”, que encontró eco en el partido de Domingo Cavallo. De la Rúa aceptó la renuncia de López Murphy y, pocas horas después, le entregó a Cavallo (quien se desempeñara en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem) el despacho de Hacienda. Se convirtió en el tercer ministro de esa área que ocupaba la cartera en menos de 20 días. El 29, bajo presión del gobierno y a regañadientes, el Congreso le otorgó poderes especiales a Cavallo para impulsar la recuperación de la economía.
En un primer momento el gobierno logró superar la meta de déficit fiscal que se había trazado para el primer trimestre del año por lo tanto consiguió que el FMI respaldara el sistema cambiario vigente. La Argentina ofreció a los inversionistas canjear bonos por nuevos papeles globales pagaderos en 2008, 2018 y 2031. El 10 de julio, el titular del despacho de Hacienda, se embarcó en una política de cero déficit público a través de profundos recortes del gasto. El Senado, dominado por la oposición, aprobó una ley que establecía que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba. La medida incluía un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas de más de 500 pesos (dólares). Una vez que las urnas volvieron a desempolvarse (el 14 de Octubre) el gobierno recibió un revés político, en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de la economía, la oposición justicialista se impuso en las elecciones legislativas.
El ministerio de Economía comenzó, la anunciada reestructuración de la deuda pública mediante el canje de bonos domésticos e internacionales, con el fin de reducir el costo financiero del Estado. El 2 de noviembre se disparó “el nerviosismo” en los mercados, que cerraron las puertas a la Argentina. La calificación de “riesgo país” fue más allá de los 2.500 puntos básicos. El 7, Los gobernadores oficialistas de las provincias acordaron con el gobierno uno de los elementos clave para cumplir el plan de “déficit cero”: un recorte de los fondos federales que el gobierno central les enviaba todos los meses distribución de impuestos.
El primero de diciembre para frenar la creciente caída de los depósitos, el gobierno impuso por 90 días, entre otras medidas, un límite semanal de US$ 250 en retiros bancarios. A esta medida se la conoció como “el corralito financiero”. El 13 de diciembre el desempleo llegó a su punto máximo en el país, con 2,53 millones de personas (el 18,3 por ciento de la población económicamente activa) desocupadas, según datos oficiales. El 14, Argentina consiguió pagar en fecha vencimientos de su deuda pública y evitó la cesación de pagos. Como resultado renunció a su cargo el viceministro de Economía, Daniel Marx. Ese mismo día, un grupo de ciudadanos empobrecidos, saqueó un supermercado del centro del país en busca de alimentos. El 16, se registraron nuevos atracos. El 17, el gobierno envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2002, que incluía un fuerte recorte de gastos del 19%. El 19, en medio de una ola de saqueos a comercios de todo el país, el gobierno argentino decretó el estado de sitio.
A las 22 horas del 19 de diciembre, De La Rúa, se dirigió a la población por cadena nacional, pero su discurso tuvo respuestas que fueron recibidas de forma negativa. A partir de las 23:00, comenzaron las movilizaciones masivamente (cacerola en mano) a los diferentes barrios de la Capital Federal. Los manifestantes protestaron hasta las 2 de la madrugada en la Plaza de Mayo, en el Congreso, y en varias avenidas. A la una de la madrugada, como consecuencia de la conflictiva situación social y en el marco de una serie de críticas contra el gobierno, Cavallo presentó su renuncia y pidió protección para él y para su familia. Intentó salir del país, pero tres jueces de distintos fueros se lo prohibieron. El juez Julio Speroni dictó la primera prohibición. El magistrado tenía a su cargo la investigación sobre el presunto delito de contrabando cometido en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Horas más tarde se conocieron resoluciones similares de los jueces federales Jorge Luis Ballestero y Rodolfo Canicoba Corral, quienes investigan, respectivamente, la operación de “megacanje” de la deuda que efectuó Cavallo y el otorgamiento de fondos para la lucha contra el narcotráfico.
Cinco minutos después de confirmada la renuncia de Cavallo la policía dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes reunidos frente la Casa de Gobierno y recibió como respuesta ataques con piedras y otros objetos. En el calor de diciembre los espacios estaban ocupados por personas que se expresaban a viva voz y golpeando las cacerolas. Habían llegado a pie desde las calles San Martín, Defensa y Balcarce. En la Plaza de Mayo confluyeron diferentes actores sociales. Por un lado se auto convocaron diferentes sectores de la clase media como empleados, estudiantes universitarios, comerciantes y profesionales. Por otro lado llegaron diferentes grupos piqueteros al grito de: “Piquete y cacerola la lucha es una sola”.
El analista político e historiador argentino, Rosendo Fraga, sostenía que: “hubo algunos grupos identificados de militancia de ultra izquierda, como del Grupo Quebracho, el movimiento Teresa Rodríguez, que una vez que se produjeron los cacerolazos actuaron con hechos violentos y se metieron. Operaron incluso bandas delictivas que participaron en saqueos aprovechando el desorden generado por la protesta política. La manifestación social se puso en marcha espontáneamente, fue fundamentalmente generado por las capas medias, pero una vez que esa propuesta ocupó la calle, una hora, dos horas después, aparecieron los grupos violentos que aprovecharon esa circunstancia”.
En una entrevista realizada para un matutino (Página 12) en agosto de 2002, Cavallo dijo: “La responsabilidad por mi renuncia y la de De la Rúa es del partido radical. Ellos son los que decidieron llevar a (Eduardo) Duhalde al gobierno. Me sacaron para poder declarar el default y devaluar. Hubo un lobby de grupos empresarios, algunos ligados a medios de comunicación, para pesificar los pasivos y sacarse de encima sus deudas”. Cuando le preguntaron quiénes habían sido los responsables, respondió que “Alfonsín fue convencido, junto a Leopoldo Moreau y otros dirigentes que se `moreaunizaron´. Ellos fueron muy influidos por grupos económicos que querían la modificación de la ley de quiebras. Como vieron que conmigo no tenían salida…”. “Mi error fue haberme hecho cargo de una responsabilidad para la que no tenía apoyo político”, opinó. “A mí no me convenía entrar en el gobierno de la Alianza, pero la gente me paraba por la calle para decirme que tenía que ser ministro. Me llamaba De la Rúa, lo quería parte del PJ, con Ruckauf, para que fuera jefe de Gabinete. Lamentablemente los radicales boicotearon todo eso”.
Durante el día se produjeron marchas hacia la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas por la policía con un saldo de varios muertos y heridos, además de numerosos negocios saqueados. El gobierno anunció, a las 14, que De la Rúa revelaría “la integración provisional del Gabinete, con el nuevo ministro de Economía”. Los incidentes se multiplicaron en Plaza de Mayo con manifestantes que reclamaron la dimisión del presidente. Mariano Benavides, un manifestante que estaba presente el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, dijo: “La rebelión popular que terminó con el gobierno de la Rúa-Cavallo, expresó la incontenible fuerza del movimiento social de resistencia, tanto como la rabia y protesta acumulada ante una situación de hambre, pobreza, desempleo y represión. De la misma manera, expresó el rechazo popular a los planes de ajuste, la rebaja de salarios y jubilaciones y el pago de la deuda externa”.
Por la tarde la oposición peronista pidió al primer mandatario “un gesto de grandeza”. De la Rúa, en ese momento, ratificó su cargo, convocó a los peronistas para formar un gobierno de “unidad nacional” y dijo estar dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para superar la crisis, incluso la de modificar el régimen cambiario. A las cinco de la tarde, dos personas murieron en la Plaza de Mayo en enfrenamientos contra la policía. El vocero de la presidencia, Juan Pablo Baylac, señalaba que De la Rúa renunciaría si los peronistas no aceptaban su invitación de sumarse al gobierno. A las 18:10 otras dos personas morían en Plaza de Mayo. A las 18:40 el peronismo informaba que no aceptaba sumarse al gobierno. Una hora después y luego de 740 días en la presidencia, De la Rúa, presentaba su renuncia ante el Congreso. Benavides recuerda: “Por un lado fue terrible porque yo vi a un par de metros como se morían pibes como yo, pero por otro lado la historia juzgará a esas jornadas como los días en donde la palabra democracia tomó su significado más puro, el poder es del pueblo y no de sus representantes”.
A las 19:50 De la Rúa abandonó la Casa de Gobierno a bordo de un helicóptero con rumbo a la residencia presidencial de Olivos. Había 29 muertos (entre el Interior del país y la Capital Federal), 720 heridos, saqueos valuados en 600 millones de dólares, autos y edificios incendiados. Cavallo consideró que los escraches en su contra fueron “organizados” con una intencionalidad partidaria y que los cacerolazos que provocaron la caída de De la Rúa fueron “fogoneados”. Señaló además que el ex primer mandatario era un hombre de bien, un verdadero demócrata. Agregó que “tuvo la mala suerte de ser un presidente conservador respaldado por una centroizquierda anacrónica”.
De la Rúa estuvo involucrado en tres causas judiciales.
El 18 de Julio de 2002 iba a ser indagado por el juez Alberto Baños por la contratación de un jardinero que realizó servicios particulares con un sueldo emitido del Concejo Deliberante cuando era jefe de Gobierno de Buenos Aires. La defensa del ex presidente reclamó, en aquella oportunidad, una reivindicación de su “rectitud, honradez, transparencia y compromiso”, y negó que haya malversado fondos públicos. Lo hizo al pedirle al juez que dejara sin efecto -como luego hizo- una indagatoria prevista para ese día. En ese momento sus abogados, Fernando y Gustavo Díaz Cantón, recordaron que la causa del jardinero comenzó con un video de cámara oculta cuya validez rechazan por falso y re compaginado. El 2 de Abril de 2003, el juez Mariano Bergés, ordenó el proceso contra el ex mandatario por cargos relacionados con la renegociación del contrato de concesión de la autopista Illia en el área central de la capital argentina durante la gestión de De la Rúa cuando era jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, antes de que llegara a la presidencia del país.
El delito de defraudación de la administración pública es un delito excarcelable y por el que no se le había impuesto a De la Rúa prisión preventiva. El juez embargó los bienes del ex gobernante por alrededor de 3 millones de dólares. De la Rúa enfrentó, además, otra causa judicial. La Cámara Federal ordenó indagarlo por el homicidio culposo de 5 manifestantes muertos en los disturbios producidos el 19 y 20 de diciembre del 2001. Además debió responder ante la justicia por 235 víctimas de lesiones graves -entre ellas siete madres de Plaza de Mayo- y 194 detenciones arbitrarias.
María Arena, la esposa de Gastón Riva, una de las víctimas emblemáticas de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, recordó a su pareja como una “persona impetuosa, trabajadora, que siempre salía adelante”, y consideró que es “un insulto” que a 20 años de su asesinato “nadie esté preso cuando las responsabilidades están probadas”.