La condena a Cristina Kirchner marca algo más que un capítulo judicial: es también el síntoma local de una transformación global más amplia. Desde hace más de una década, las democracias liberales atraviesan, en todo el mundo, un proceso profundo de mutación.

La política ya no se juega solo en partidos, programas o liderazgos carismáticos. Hoy se parece más a un sistema algorítmico donde las emociones reemplazan a los argumentos, las redes sociales sustituyen a los medios tradicionales y las sentencias judiciales son apenas una estación más en el recorrido de una guerra más amplia por el sentido común.

Lo que está en juego es mayor: el lugar del poder político en un mundo donde el verdadero poder ya no se define en el plano institucional, sino en el financiero y corporativo. Mientras el sistema político se fragmenta y pierde representatividad, el poder económico concentra recursos, influencia y capacidad para moldear imaginarios colectivos. El juicio a Cristina Kirchner no es una anomalía argentina: es parte de una disputa global por el control del relato público y, sobre todo, por el control del poder real.

El algoritmo como dispositivo de poder

Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, las nuevas tecnologías transformaron el modo en que se construyen las opiniones públicas. Lo que antes se discutía en parlamentos o diarios hoy circula en memes, microvideos, recortes descontextualizados, burbujas informativas administradas por algoritmos que deciden qué ve cada usuario según sus emociones predominantes.

Pero detrás del algoritmo no hay solo programadores: hay estructuras económicas globales. Las plataformas digitales no son herramientas neutrales; son actores políticos de facto. Y sus propietarios no representan necesariamente los intereses de los Estados o las democracias, sino los de conglomerados económicos transnacionales.

La política contemporánea ya no busca convencer: busca conmover. La razón cede su lugar a la indignación; el debate, al escándalo; los programas de gobierno, a las identidades afectivas. Como plantea Chantal Mouffe, la política democrática siempre estuvo atravesada por antagonismos. La diferencia hoy es que esos antagonismos fueron privatizados por el mercado digital, transformando lo político en espectáculo personalizado, administrado por plataformas cuyo interés no es ideológico sino económico.

El pensador boliviano René Zavaleta Mercado sostuvo que nuestras democracias nunca fueron homogéneas: siempre coexistieron distintas formas de ciudadanía e institucionalidad. Ese carácter confuso hace que fenómenos como el lawfare adquieran aquí una textura particular: no es solo una disputa entre poderes, sino entre proyectos civilizatorios enfrentados. En el fondo, se debate quién tiene derecho a definir qué es desarrollo, qué es justicia y quién puede gobernar.

Mientras el poder político se debilita, el poder económico se concentra. Y no es una concentración neutral: necesita disciplinar cualquier proyecto que dispute privilegios o recursos. Los sistemas judiciales quedan atrapados en esa lógica.

Lawfare: de las cortes a los algoritmos

El lawfare —guerra judicial— combina denuncias judiciales, operaciones mediáticas y estrategias digitales. No se trata solo de llevar a alguien a juicio: se trata de crear el clima social para que esa acusación sea leída, discutida y sentenciada por la opinión pública antes que por los jueces.

El procedimiento es previsible: denuncias judiciales, cobertura mediática sesgada, generación de contenido viral, segmentación algorítmica, instalación de sentidos comunes que corren más rápido que cualquier desmentida. Finalmente, la sentencia judicial aparece como confirmación de un relato previamente instalado.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. En Brasil, Lula da Silva fue condenado por un proceso plagado de irregularidades, apartado de la elección presidencial y luego absuelto cuando el daño ya estaba hecho. En Ecuador, Rafael Correa fue sentenciado con una lógica similar. Estos casos revelan un nuevo lenguaje del poder: el expediente judicial como herramienta política.

¿Por qué tanto esfuerzo por disciplinar ciertos liderazgos? Porque el sistema económico global necesita estabilizar sus reglas de juego: libre circulación de capitales, baja regulación estatal, subordinación de lo político a lo financiero. Cristina Fernández de Kirchner representa, más allá de sus particularidades, una amenaza a ese orden. No solo por lo que es, sino por lo que simboliza: intervención estatal en la economía, control de recursos estratégicos, desafío a corporaciones mediáticas y financieras.

De la política al espectáculo emocional

Las sociedades actuales no solo están polarizadas: están emocionalmente fragmentadas. La política ya no necesita argumentos: necesita enemigos. Giuliano Da Empoli lo define como “ingeniería del caos”: explotar frustraciones, simplificar conflictos, viralizar eslóganes, convertir la política en confrontación permanente.

Las redes sociales no crean el odio: lo organizan y lo rentabilizan. La indignación vende. La polarización fideliza. El malestar crónico desactiva toda posibilidad de organización colectiva. En ese tablero, cualquier figura que genere reacciones intensas —apoyo o rechazo— es útil para mantener activa la rueda del consumo emocional. Y detrás del ciclo emocional, el ciclo económico: cuanto más débil es el poder político, más margen tiene el poder económico para acumular riqueza. Si el debilitamiento puede producirse por vía judicial, mejor.

En Argentina, “la grieta” funciona como una estructura estable que estos mecanismos explotan con precisión. El juicio a Cristina no resuelve el conflicto: lo alimenta. Y al alimentar la fragmentación política, fortalece al poder económico que no compite en elecciones, pero decide destinos.

Mouffe advertía que el conflicto es constitutivo de la democracia, pero el adversario debe ser un competidor político, no un enemigo absoluto. La comunicóloga mexicana Rossana Reguillo lo sintetiza mejor: “El miedo es el pegamento de las comunidades imaginadas del odio”. No se trata solo de manipulación externa: son angustias reales, canalizadas por la ingeniería emocional del capitalismo digital.

Indignación, espectáculo y concentración

Byung-Chul Han describió este fenómeno como la “sociedad del espectáculo digital”, donde el flujo constante de estímulos adictivos reemplaza al intercambio racional. Lo que importa no es el contenido, sino la reacción que genera. No importa si es cierto: importa si indigna. La política ya no organiza proyectos colectivos: organiza adicciones emocionales. Y esas emociones se monetizan. El escándalo genera clics; los clics generan datos; los datos generan dinero. Pero lo que más produce es debilitamiento democrático.

En ese flujo, el lawfare es guion, escenografía y libreto. No se disputa tanto la verdad jurídica como el modelo de poder que debe prevalecer: uno donde lo político conserve margen de acción o uno donde lo económico decida sin mediaciones.

¿Qué se juzga realmente?

Lo que está en juego en estos procesos no son delitos aislados, sino decisiones de gobierno que alteraron intereses establecidos. No se trata de juzgar irregularidades administrativas, sino de castigar el atrevimiento de haber tensado los límites del poder económico real. El lawfare actúa como engranaje de un dispositivo más amplio: judicializa la política para desalentar cualquier intento de transformación. Su eficacia no radica solo en las condenas, sino en el mensaje que instala. Advierte que quien gobierne por fuera del consenso de los poderosos deberá enfrentar una maquinaria que combina tribunales, medios y algoritmos. No se condena un acto: se disciplina una intención.

Un nuevo orden: democracias débiles, poderes fuertes

Argentina no es una excepción: es un capítulo más de un proceso global en el que las democracias pierden capacidad de intermediación. Partidos, sindicatos, parlamentos y medios tradicionales ya no organizan el vínculo entre sociedad e instituciones. Ese vacío lo ocupan algoritmos, emociones y conglomerados económicos que operan fuera del control democrático.

El ciclo es simple: cuanto más se polariza emocionalmente a la sociedad, más débil es su capacidad de resistencia organizada. La indignación fragmenta. La fragmentación debilita. Y el debilitamiento fortalece al poder económico concentrado.

El desafío no es solo jurídico o político: es cultural y económico. ¿Cómo reconstruir conversación pública democrática cuando la conversación ya no es conversación, sino administración de emociones? ¿Cómo recuperar lo común cuando el algoritmo organiza soledades colectivas?

No alcanza con nostalgia por las viejas formas de deliberación pública. Hace falta crear nuevas institucionalidades para la era digital. Fortalecer medios cooperativos. Reapropiarnos de la tecnología. Que el algoritmo no sea la única ley.

Como sostiene Eduardo Rinesi: “La política es el arte de hacer pasar por universal lo que es particular”. El verdadero desafío es que el interés común vuelva a tener una oportunidad frente a la codicia infinita del mercado.

El veredicto más peligroso no es el que se dicta en los tribunales: es el que naturaliza la impotencia colectiva.