¿Por qué millones de trabajadores precarizados, desempleados y familias de clase media empobrecida votan masivamente por partidos de derecha cuyos programas económicos favorecen abiertamente a las élites empresariales? ¿Cómo explicar que quienes más necesitarían políticas redistributivas terminen respaldando proyectos que profundizan su precariedad y fomentan propio descenso en la pirámide socioeconómica?

La respuesta no se encuentra en las urnas ni en las planillas del Excel, sino en parte al menos en el terreno de la cultura, el lenguaje y los imaginarios sociales. Este voto aparentemente “irracional” es, en realidad, el resultado de una batalla cultural ganada por las derechas durante décadas, donde la aspiración individual reemplazó a la solidaridad colectiva como horizonte deseable.

Vamos un poco a la teoría. El filósofo italiano Antonio Gramsci desarrolló en los años treinta el concepto de “hegemonía cultural” para explicar cómo las clases dominantes no solo controlan los medios de producción, sino también la creación de significados. La hegemonía no se impone exclusivamente por la fuerza, sino mediante el consenso: las ideas de quienes tienen el poder económico se vuelven las ideas dominantes de gran parte de la sociedad, hasta convertirse en el “sentido común”.

En este marco, las derechas contemporáneas han logrado instalar un relato potente que trasciende la política partidaria y permea la vida cotidiana: el mito del emprendedor exitoso, la narrativa del esfuerzo individual como único camino válido hacia el progreso, la celebración de la riqueza como evidencia de mérito personal. La meritocracia, como le dicen. Este relato no necesita ser verdadero para ser eficaz; solo necesita repetirse, y repetirse, hasta naturalizarse.

Cuando un trabajador con tres empleos precarizados aplaude la reducción de impuestos a las grandes fortunas, no está actuando contra su interés por ignorancia, sino desde un marco interpretativo que ya ha sido colonizado: cree que él también podría ser millonario si se esfuerza lo suficiente, y que los impuestos a los ricos son un obstáculo para su futura riqueza imaginada.

La hegemonía cultural encuentra hoy su laboratorio perfecto en las plataformas digitales, en las redes sociales. TikTok, Instagram y YouTube están saturados de “gurús” financieros que prometen fórmulas mágicas para “hacerse rico rápido”. Desde el trading de criptomonedas hasta el dropshipping, pasando por el coaching motivacional, estos discursos comparten una premisa: el problema no es el sistema, es el trabajador asalariado que no se esfuerza lo suficiente para alcanzar sus objetivos.

Estos contenidos venden aspiración en lugar de redistribución, individualismo en lugar de derechos colectivos. Prometen que cualquiera puede convertirse en millonario desde su habitación, ocultando deliberadamente las estadísticas: que el 90% de los emprendimientos fracasan, que la movilidad social es cada vez más restringida, que nacer en el lugar equivocado reduce drásticamente las probabilidades de ascenso económico.

Lo perverso de esta narrativa, sutilmente diseñada, es que transforma la desigualdad estructural en responsabilidad personal. Si hay pobres, no es porque el sistema los genere, sino porque no tienen “mentalidad ganadora”, no “salen de su zona de confort”, no “invierten en sí mismos”. La desigualdad de oportunidades queda escondida detrás de una exacerbación meritocrática que ignora que no todos parten de la misma línea de largada.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu acuñó el término “violencia simbólica” para describir una forma de dominación que no requiere coerción física porque opera en el plano de los significados y las percepciones. Es la violencia que se ejerce cuando los dominados internalizan y naturalizan su propia dominación, cuando aceptan como legítimo un orden social que los perjudica.

Cuando un empleado precarizado defiende apasionadamente a una corporación que lo explota, cuando justifica la acumulación obscena de riqueza de su jefe mientras él no llega a fin de mes, no está siendo hipócrita ni masoquista: está reproduciendo una violencia simbólica tan efectiva que ni siquiera la percibe como tal.

Esta violencia se manifiesta en frases cotidianas que normalizan la injusticia: “el que quiere, puede”, “hay que trabajar duro para progresar”, “los empresarios arriesgan su capital y merecen ganar más”. Todas estas afirmaciones contienen verdades parciales, pero ocultan la otra realidad: que el esfuerzo individual es insuficiente cuando las estructuras son injustas, que trabajar duro no garantiza salir de la pobreza, que el riesgo empresarial está subsidiado mientras que el riesgo del trabajador de perder su empleo no.

Parte fundamental de esta arquitectura ideológica es la culpabilización sistemática de los sectores vulnerables. Los discursos de derecha construyen una figura del “pobre vago” que vive del Estado, que no quiere trabajar, que es responsable de su propia miseria. Esta estigmatización cumple varias funciones simultáneamente.

Primero, desvía la atención: mientras el debate público se concentra en los supuestos “aprovechadores” de planes sociales, queda fuera de foco la evasión fiscal de las grandes empresas, los subsidios millonarios a sectores concentrados, las herencias multimillonarias que perpetúan dinastías sin mérito alguno.

Segundo, fragmenta a los sectores populares: enfrenta al trabajador formal contra el informal, al empleado contra el desempleado, al que “se esfuerza” contra el que “no hace nada”. Esta fragmentación impide la construcción de solidaridades colectivas y debilita cualquier proyecto redistributivo.

Tercero, y quizás más importante, ofrece una explicación reconfortante para quienes están apenas un escalón por encima de la pobreza: “yo no soy pobre porque trabajo, no como esos vagos”. Esta distinción imaginaria les permite mantener cierta autoestima en condiciones materiales precarias, pero al costo de abrazar una narrativa que los perjudica estructuralmente.

Por un lado, existe un componente aspiracional genuino: muchas personas de sectores populares no se identifican como “clase baja” sino como “clase media temporalmente en dificultades” o como “futuros ricos en proceso”. Votar por políticas que favorecen a los ricos es, desde esta lógica distorsionada, votar por el futuro que imaginan para sí mismos.

Opera el fenómeno psicológico conocido como “creencia en un mundo justo”: la necesidad cognitiva de creer que el mundo es fundamentalmente equitativo, que cada quien tiene lo que merece. Aceptar que los ricos son ricos por privilegios estructurales y no por mérito implicaría aceptar que el propio esfuerzo puede ser inútil, una verdad demasiado angustiante para procesar.

Además, las derechas han sabido articular otros ejes identitarios que trascienden lo económico: el orden y la seguridad, así como el rechazo a sectores populares construidos durante décadas, en distintos relatos, como sinónimo de corrupción. Para muchos votantes, estos ejes pesan tanto o más que el económico, especialmente cuando los sectores que aspiran a ser “progresistas” son percibidos como distantes de las preocupaciones cotidianas.

Lo que estos procesos demuestran es que la política no se reduce a programas económicos ni a debates parlamentarios. La batalla fundamental se da en el terreno de los imaginarios, de lo que cada sociedad considera posible, deseable y justo. Las derechas lo entendieron hace tiempo y construyeron pacientemente una hegemonía cultural que hoy les permite gobernar incluso en contra de los intereses materiales de la mayoría de sus propios votantes.

Mientras las corporaciones acumulan ganancias récord y la concentración de la riqueza alcanza niveles históricos, millones de trabajadores empobrecidos siguen creyendo que el problema son los sindicatos, los impuestos, el Estado o los planes sociales. Esta paradoja no es un error del sistema: sino que es la clave de su funcionamiento más sofisticado.

¿Existe una salida a este laberinto ideológico? No hay respuestas simples ni soluciones mágicas. Lo que sí sabemos es que la resignación solo profundiza el problema. Las aspiraciones individuales no son ilegítimas; por el contrario, necesitan ser canalizadas hacia proyectos colectivos que las vuelvan efectivamente posibles para las mayorías y no solo para unos pocos.

La llamada “batalla cultural” es extensa: debe darse en múltiples frentes de manera simultánea, y sus resultados no se miden en un solo ciclo electoral. Pero si algo revela este fenómeno es que renunciar a darla implica aceptar que el único futuro posible es aquel en el que cada vez menos concentran cada vez más, mientras las mayorías, con la mirada fija en las pantallas de sus teléfonos celulares —que exhiben la vida que les gustaría tener—, celebran su propia exclusión.