Cada 17 de agosto, la Argentina detiene su pulso para recordar a José de San Martín, el Libertador, aquel que no sólo cruzó los Andes, sino que, sobre todo, imaginó una América Latina emancipada de todo yugo extranjero. Su vida fue la de un hombre que entendió que la independencia política debía ser inseparable de la independencia económica y cultural. Pero si en 1821 San Martín ingresaba a Lima para proclamar la independencia del Perú, dos siglos después, el país que liberó se convierte en ejemplo de un modelo económico que, lejos de garantizar la soberanía y el bienestar general, ha logrado cristalizar desigualdades extremas, encogiendo el espacio de la clase media y concentrando el poder en pocos.

Esa paradoja —la del país que San Martín ayudó a liberar, hoy funcionando como laboratorio neoliberal— invita a pensar la conmemoración del 17 de agosto no sólo como un acto de memoria patriótica, sino como una advertencia. Porque mientras el bronce de los monumentos se mantiene firme, el espíritu de su gesta puede ser vaciado y reutilizado para legitimar agendas ajenas al interés popular.

José de San Martín nació en Yapeyú en 1778 y se formó militarmente en España. Peleó contra los franceses en la Guerra de la Independencia y fue testigo directo de cómo las luchas imperiales se dirimían siempre por intereses económicos y comerciales. Cuando volvió al Río de la Plata en 1812, lo hizo con la convicción de que la independencia latinoamericana debía ser regional, coordinada, y, sobre todo, blindada frente a las potencias extranjeras. No se trataba sólo de sacar al virrey, sino de impedir que otros imperios —británico, francés, estadounidense— ocuparan ese vacío.

Su estrategia militar fue inseparable de una estrategia política: crear Estados soberanos, con capacidad productiva, con comercio propio y con un control sobre sus recursos. Por eso su paso por Mendoza, Chile y Perú no fue solamente una sucesión de batallas, sino también una construcción de alianzas políticas, redes logísticas y un modelo de cooperación regional que hoy parece ciencia ficción.

En 1821, tras cruzar el desierto de Atacama y llegar a Lima, San Martín proclamó la independencia del Perú y asumió como Protector. Allí promovió reformas educativas, la abolición de los títulos nobiliarios y la supresión de la mita indígena. Sin embargo, su proyecto quedó inconcluso: las oligarquías locales, aliadas con intereses británicos, preferían un orden político formalmente independiente pero económicamente dependiente del comercio exterior.

El modelo económico peruano contemporáneo, nacido de la Constitución de 1993 durante el régimen de Alberto Fujimori, se presenta como un sistema de libre mercado con mínima intervención estatal, baja presión fiscal y apertura total a la inversión extranjera. Su lógica central es que el crecimiento económico, medido en PBI, derramará sobre el conjunto de la población. Pero la evidencia muestra otra cosa.

Entre 2000 y 2019, Perú creció a un promedio de 4,8% anual, uno de los más altos de América Latina. Sin embargo, la distribución de ese crecimiento ha sido profundamente desigual: el 20% más rico concentra más del 50% del ingreso nacional, mientras que la informalidad laboral ronda el 70%. Las clases medias, lejos de consolidarse, se encuentran atrapadas en una franja vulnerable: un shock económico o la pérdida de empleo puede devolverlas a la pobreza. Este modelo descansa en tres pilares:

1. Explotación intensiva de recursos naturales (minería, gas, pesca) para exportación, con baja industrialización local.
2. Privatización y mercantilización de servicios básicos como educación, salud y pensiones.
3. Debilitamiento del Estado como garante de derechos sociales, en favor de la autorregulación empresarial.

El resultado: un país que puede exhibir cifras macroeconómicas ante el FMI, pero donde vastos sectores viven sin agua potable, con escuelas precarias y hospitales colapsados.

Si uno toma el ideario sanmartiniano y lo confronta con la realidad peruana actual, la contradicción es evidente. San Martín concebía la independencia como un proyecto popular, con ejércitos formados por campesinos, afrodescendientes, mestizos y criollos, unidos en una causa común. Hoy, en cambio, el modelo peruano ha fragmentado a la sociedad en compartimentos estancos: élites empresariales vinculadas al capital transnacional, sectores medios atrapados en la inseguridad económica y una amplia base trabajadora informal sin acceso real a derechos.

La ironía es amarga: en el país donde San Martín izó la primera bandera libre, el mercado ha ocupado el lugar del virrey. Y así como en el siglo XIX las élites limeñas pactaban con Inglaterra para asegurar sus exportaciones de guano, hoy pactan con corporaciones mineras extranjeras para mantener un flujo constante de divisas, sin reinvertir en un desarrollo equitativo.

El peligro más silencioso del modelo peruano —y que algunos sectores de poder en la Argentina miran con interés— es la erosión de la clase media como espacio social amplio. El neoliberalismo no necesita una clase media fuerte: le basta con una élite consumidora y una masa trabajadora precarizada. La clase media, con su tendencia a demandar derechos, servicios públicos de calidad y participación política, es vista como un obstáculo.

En Perú, el achicamiento de la clase media no es un accidente: es el resultado de políticas deliberadas que trasladan el costo de la vida a los hogares. Educación universitaria paga, sistema de salud privatizado, jubilaciones sujetas a fondos de capitalización individuales: cada familia es su propio seguro social, su propio banco y su propio plan de retiro. En ese esquema, cualquier crisis empuja hacia abajo.

Trasladar este modelo a la Argentina implicaría una renuncia frontal al legado sanmartiniano. Porque si algo defendía el Libertador era la construcción de una comunidad política capaz de sostener la independencia. Y eso exige una base social amplia, con ciudadanos formados, sanos y con trabajo digno. Un país con una clase media diezmada pierde esa capacidad y se convierte en un territorio abierto a cualquier forma de dominación económica.

Aquí es donde el 17 de agosto se vuelve un territorio en disputa. En los discursos oficiales, San Martín suele ser reducido a una postal: el héroe inmaculado, el padre ejemplar, el militar disciplinado. Se omite que fue un político hábil, que negoció con potencias extranjeras, pero sin entregar soberanía, y que se retiró antes que convalidar un proyecto que no compartía. Ese San Martín incómodo, que podría cuestionar los tratados de libre comercio o las privatizaciones de empresas estratégicas, no aparece en los actos escolares.

La fecha se usa para exaltar valores abstractos como “honestidad” o “sacrificio” mientras se promueven modelos económicos que, en los hechos, vacían de contenido la independencia. Es un vaciamiento similar al que ocurre con otras figuras históricas: se conserva el nombre, se pule la imagen, pero se mutila el proyecto político.

Las reformas constitucionales y legales no son neutrales: consolidan un marco donde las empresas tienen más derechos efectivos que los ciudadanos. El Estado se convierte en gestor de contratos, no en garante del bienestar. Este tipo de modelo genera “ciudadanos de baja intensidad”: personas con derechos formales, pero sin capacidad real de ejercerlos. Sin acceso a salud o educación de calidad, la movilidad social se congela. Y así, la clase media —que históricamente ha sido motor de democratización— se reduce hasta volverse irrelevante como actor político.

Pensar en San Martín hoy es entender que la independencia no es un evento cerrado, sino un proceso en disputa. En ese sentido, el modelo peruano actual es una advertencia para toda la región: se puede tener bandera, himno y elecciones, y sin embargo vivir bajo una dependencia económica que dicta las políticas públicas.

San Martín se exilió voluntariamente en 1824 porque no quiso ser instrumento de facciones internas ni de potencias extranjeras. Prefirió la soledad antes que la complicidad. Ese gesto, tantas veces leído como sacrificio personal, es también una enseñanza política: no hay victoria, militar o política, que valga si se entrega la soberanía económica.

Este 17 de agosto, recordar a San Martín debería implicar más que recitar sus batallas. Debería servir para preguntarnos si las políticas que se impulsan hoy en nuestros países fortalecen o debilitan la independencia. El caso peruano muestra que se puede “crecer económicamente” mientras se achica la clase media, se precariza el trabajo y se mercantilizan los derechos. Ese camino no es neutro: redefine la democracia, la participación y el contrato social.

En última instancia, la pregunta que atraviesa la fecha es la misma que guió a San Martín: ¿quién manda en la patria? Si la respuesta son los mercados internacionales, las corporaciones o las élites financieras, entonces la independencia sigue siendo una tarea pendiente. Y allí, el bronce de los monumentos será apenas un recordatorio de lo que alguna vez soñamos ser.